GOBERNANZA ELECTRÓNICA Y BIOMETRÍA EN EL DERECHO MODERNO: DESAFÍOS PARA EL DERECHO EN EL NUEVO MILENIO

Resumen

La digitalización de la administración pública representa tanto una oportunidad histórica como un desafío jurídico-institucional para los Estados latinoamericanos. En Paraguay, a pesar de los avances normativos (Ley N° 4017/2010 y Ley N° 6825/2021), la gobernanza electrónica aún no ha alcanzado su pleno potencial transformador debido a la brecha digital, la limitada interoperabilidad institucional y la insuficiente armonización entre innovación tecnológica y garantías constitucionales. Este proceso requiere un análisis cualitativo que vincule la evolución tecnológica con las dimensiones jurídicas, políticas y sociales en las que se aplica. Los hallazgos muestran que la gobernanza digital solo puede consolidarse si se armonizan variables tecnológicas y legales, respetando derechos humanos y fortaleciendo la transparencia. La transformación digital es inevitable y exige que el Estado no quede rezagado frente a la rapidez del mercado y las demandas crecientes de los ciudadanos. En este contexto, el Estado Social de Derecho cobra relevancia al contrarrestar las limitaciones del modelo liberal. Busca garantizar servicios esenciales, redistribuir recursos y evitar exclusión social mediante políticas públicas como educación y salud. El desafío actual consiste en pasar del planteamiento formal de este modelo a su materialización efectiva, fortaleciendo una gestión pública eficiente y orientada a resultados. Teorías como el neoinstitucionalismo y la nueva gestión pública aportan marcos que resaltan el rol de las instituciones, la descentralización y el uso intensivo de las TIC. Estas corrientes sustentan el concepto de gobierno electrónico como motor de transformación y articulación de consensos hacia una sociedad de la información, donde el conocimiento es el principal activo. Finalmente, aunque países como Brasil, Chile, México y Colombia han avanzado en la implementación de e-gov, en Paraguay persisten limitaciones por la desigual cobertura de Internet, lo que dificulta consolidar experiencias como voto electrónico, parlamento digital o sistemas jurídicos digitalizados.